María
vivía en Pamplona, en un piso en régimen de VPO con parte del alquiler
subvencionado. Hasta este jueves, cuando una comisión de desahucio llamó a su
puerta para que ella y su hijo Carlos, de ocho años y con síndrome de Down,
abandonaran la vivienda sin remisión. Según explican fuentes de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca de Ansoáin, María, que está separada, se vio en
aprietos cuando perdió el empleo y no pudo seguir pagando el alquiler ni
encontrar otro trabajo por las necesidades especiales de su hijo. María empezó
a cobrar entonces 645 euros de renta básica con los que tenía que hacer frente
al pago del alquiler, de 475 euros, y al resto de pagos como los de
manutención. El resultado fue que María comenzó a retrasarse en el pago de
cuotas del alquiler, cuyo acreedor es la empresa Errotabidea (antigua
Cogremasa) y que según aseguran desde la PAH, comenzó por el retraso en el
cobro de la ayuda de renta básica. Además de acumularse los pagos María cumplió
con el alquiler de su contrato en la casa, por lo que intentó negociar una
ampliación del mismo, cosa a la que la empresa se negó. Para entrar en el piso
María había tenido que depositar un aval de 6.000 euros (que le prestó su
padre), por lo que se ofreció a que los importes pendientes fueran descontados
de ese aval. Según la versión de María, la empresa se negó. Fue entonces cuando
la mujer recurrió a la PAH para que la asistiera en la negociación, cosa que
según María fue interpretada como un ataque por la empresa, que a partir de ese
momento se habría negado a recibirla o a negociar.
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