Aunque Rajoy todavía no se ha enterado porque no venía en el Marca, la Audiencia de Madrid ha determinado que no sólo es legal sino propio de una democracia participativa concentrarse frente al domicilio de un responsable político y cantarle las cuarenta de manera pacífica. Y es que sin armas, sin ejercer violencia sobre las personas ni destrozar la papelera más próxima, cantar las verdades del barquero a la vicepresidenta del Gobierno o al Papa de Roma es una manifestación colectiva de la libertad de expresión, un derecho que, asombrosamente, sigue todavía vigente.
El recordatorio de la Justicia es muy conveniente porque el Gobierno y su partido creen que la única libertad de expresión posible es la que practican ellos mismos cuando dicen que “todos somos el PP” o “la segunda ya tal”. O, alternativamente, las laudatios de Marhuenda al presidente en las tertulias televisivas, que el tipo borda el panegírico, y eso que siempre hay alguien que le aplica “técnicas marxistas de Universidad” para reventarle el botafumeiro. Menos mal que su incienso es inagotable.
Queda por tanto establecido que los concentrados ante la vivienda de Sáenz de Santamaría para denunciar los desahucios y exigir la dación en pago son ciudadanos respetables y no “imitadores del matonismo de los seguidores de ETA”, “energúmenos” y “violentos acosadores”, como entendía Esperanza Aguirre. Ni directamente “etarras”, como sostenía la delegada en Madrid Cristina Cifuentes. Ni “nazis”, como proclamaba María Dolores de Cospedal o Basagoiti. Ni “fascistas”, como apuntaba el ministro del jamón de bellota, Arias Cañete. Ni siquiera “antidemocráticos”, como los definía el propio Rajoy en un alarde de elocuencia.
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