Recapitulemos: la coalición de Gobierno croata, dominada por el Partido Socialista, impulsó en la primera mitad del año un programa de educación sexual compulsiva en las escuelas públicas, para niños en edad escolar desde los 9 años. La noticia saltó cuando se supo que el contenido del curso incluía referencias a la pornografía, a conductas promiscuas e incluso a la pedofilia.
Todo ello escandalizó a buena parte de la sociedad, cuya indignación la encauzó la asociación La Voz de los Padres de los Niños –GROZD–, que decidió presentar ante la Corte Constitucional croata un recurso de inconstitucionalidad contra ese programa. Más tarde, a finales de mayo el Tribunal admitió el recurso al señalar que la asignatura denominada Educación para la Salud vulneraba “el derecho y la libertad constitucional de los padres a la educación de sus hijos”.
En el fallo el tribunal señalaba que el derecho de los padres a educar a sus hijos debía ser garantizado por el Estado, sobre todo, en temas “relacionados con convicciones y creencias”. En consecuencia, dispuso la cancelación del programa.
La victoria en los tribunales dio alas a los miembros de La Voz de los Padres de los Niños, que en el mismo mes de mayo lanzó la campaña de firmas denominada En nombre de la familia, para solicitar al Parlamento que convocara un referéndum con la pregunta: “¿Está de acuerdo con que en la Constitución de Croacia se introduzca la definición de que el matrimonio es una unión de vida entre un hombre y una mujer?”. Hay que tener en cuenta que para que la medida fuera aceptada, las solicitudes de referéndum en Croacia deben reunir en un plazo de 15 días las firmas de más del 10% de los electores en un país en el que tienen derecho a voto cerca de 3.750.000 ciudadanos. Gracias a la masiva adhesión de católicos (aproximadamente el 76% de la población) el porcentaje requerido por la ley fue superado sin muchos problemas. Y es que las firmas fueron recolectadas mediante una campaña rápida muy bien organizada. En apenas una semana, del 12 al 19 de mayo –mitad del plazo legal–, 6.000 voluntarios apostados en 2.000 puntos de recogida lograron reunir 380 mil firmas, bastante más de las necesarias.
Aunque el resultado final fue satisfactorio, el proceso no fue en absoluto fácil en tanto que el partido Socialista croata no estaba dispuesto a que un grupo de ciudadanos tirase atrás una iniciativa gubernamental. Previendo su derrota, en medio de la campaña de firmas el Gobierno tiró por la calle del medio y modificó la normativa que regula el referéndum, y subió el mínimo de firmas necesario a 450.000, una maniobra que retrataba los nervios del Ejecutivo. Finalmente, la jugada no le salió bien al Gobierno, que al concluir el plazo ya se contaba con 750 mil adhesiones, cifra extraordinaria para un país de 4,5 millones de habitantes.
Desde luego, las cosas no pintan bien para el Gobierno progresista croata, ya que cuando se celebre el referéndum tienen todas las de perder. En este proceso de reacción ciudadana frente al poder del Estado, hubo más de 50 ataques físicos y verbales contra los organizadores de la colecta de firmas, incluso amenazas a la familia de Marijo Ivkovic, portavoz de En nombre de la Familia.
A su vez, legisladores aliados del Gobierno declararon que el Parlamento no acataría la solicitud del referéndum. Por si no fuera poco, algunos ministros también atacaron a la Corte Constitucional por propiciar todo el proceso. Las firmas fueron entregadas a las autoridades el día 14 de junio. Ahora le toca al Parlamento ordenar la realización del referéndum sobre el matrimonio homosexual, probablemente el próximo otoño.
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